La bajada de natalidad en España es un problema que
afecta a todas las Comunidades Autónomas en más o menos medida. En el año 2002
según fuentes del INE en índice de natalidad en España era de 10,08 nacimientos
por cada 1.000 habitantes, 20 años más tarde en el 2022 ese mismo índice es de
tan solo 6,88 nacimientos. Dejando de un lado Ceuta y Melilla, que tienen unos
porcentajes superiores a la media por circunstancias especiales de la
composición de su población, estas son las Comunidades Autónomas que estaban
por encima de la media en el 2002, Andalucía, Illes Balears, Canarias,
Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Navarra y por encima de todas Murcia
con un 12,65, por el contrario están por debajo de la media, Aragón, Cantabria,
Castilla y León, Castilla – La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco, La
Rioja y la que registra el menor porcentaje de natalidad es Asturias con el
6,34. En el año 2022 Murcia continua estando a la cabeza con un 8,69 y Asturias
a la cola con un escaso 4,72, del resto de comunidades solo cabe destacar que
Canarias ha sufrido una caída en su natalidad que la sitúa por debajo de media
con un 5,56 y que Castilla – La Mancha ha experimentado un aumento en su
natalidad que la sitúa por encima de la media con un 7,01.
Por término medio, como hemos visto por los datos del
INE, la disminución de la natalidad en España ha sido de 3,2 en los últimos 20 años, esta
problemática que afecta a todas las Comunidades Autónomas sin excepción, se
agrava todavía más en las zonas rurales, donde llega a ser un verdadero drama
que lleva a la despoblación e incluso a la desaparición de algunos núcleos.
La disminución de la natalidad afecta a multitud de
aspectos de nuestra vida y de nuestra sociedad, entre otros a la despoblación
como ya hemos apuntado y de una forma más directa esta disminución incide en el
sistema educativo, por el descenso del número de alumnos escolarizados. Dentro
de este capítulo la disminución de la escolarización de los alumnos, ya está
afectando a los ciclos de la educación infantil y primaria. Los datos son muy
aterradores, solo en la última década esa disminución ha supuesto la pérdida de
casi 500.000 alumnos en este ciclo inicial de la educación.
Esta problemática que actualmente está afectando a la
Educación Infantil y Primaria, tendrá su continuidad en los ciclos educativos superiores
de ESO, Bachillerato y FP, ante este panorama tan desolador la comunidad
educativa ha empezado a adoptar medidas, como la disminución de ratios de
alumnos por aula, algo que ya estaba solicitando el profesorado, por otros
motivos como es la atención y la calidad de la educación, recordemos que
actualmente en España las ratios están situadas en 25 alumnos por clase y
profesor para la Educación Infantil y Primaria, en 30 alumnos para la ESO y FP
y en 35 alumnos para el Bachillerato.
Pero la disminución de las ratios de alumnos en las
aulas, no son la solución para este problema de pérdida de alumnado, provocado
por el descenso de la natalidad, realmente se trata de un paso previo y
necesario, ya que la solución pasa por una re-estructuración de todo el sistema
educativo.
Según datos del Ministerio de Educación en el curso
2022 – 2023 se matricularon en España más de 8.309.000 de alumnos en las
enseñanzas no universitarias, de los cuales el 66,90 % se matriculan en centros
públicos aproximadamente unos 5.560.000, el resto alumnos están matriculados el
24,60 % en centros concertados y el 8,50 % en centros privados no concertados.
Pero sigamos analizando los datos del Ministerio y vemos como se reparten en
los distintos ciclos formativos:
- Infantil 1.617.412
- Pública 63,05 %
- Concertada 25,40 %
- Privada 11,10 %
- Primaria 2.783.606
- Pública 67,70 %
- Concertada 28,30 %
- Privada 4,00 %
- Especial 41.106
- Pública 62,90 %
- Concertada 36,90 %
- Privada 0,02 %
- Eso 2.085.482
- Pública 67,00 %
- Concertada 29,00 %
- Privada 4,00 %
- Bachillerato 687.511
- Pública 72,30 %
- Concertada 10,08 %
- Privada 16,80 %
- Formación Profesional 1.079.967
- Pública 66,50 %
- Concertada 13,70 %
- Privada 19,90 %
La disminución de la natalidad nos aboca sin remedio
a medio plazo a acometer una reestructuración del sistema educativo español,
esta reestructuración debe plantearse teniendo en cuenta una serie de premisas,
porque no hemos de olvidar que el derecho a recibir una educación gratuita y de
calidad, desde el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales,
queda recogido en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, es por ello que
al acometer la reestructuración del sistema educativo, se debe tener presente
que en el nuevo modelo debemos salvaguardar la gratuidad de la misma, la
igualdad de oportunidades entre todos, la excelencia del sistema y la equidad
antes las desigualdades, porque es a través de la educación donde los alumnos,
futuros ciudadanos, deben consolidar los principios de convivencia,
cooperación, solidaridad o participación básicos en una sociedad democrática.
Ahora veamos alguna de las consecuencias que
conllevará la reestructuración del sistema educativo, además de la reducción de
las ratios de alumnos por profesor, la falta de alumnos también obligara al
cierre de líneas en determinados centros y en casos muy extremos al cierre de algunos
centros educativos, aspectos que ya están provocando algún que otros rifirrafe entre
los defensores de la educación pública y los defensores la concertada, de la
mal llamada libertad de elección de centro.
En el diseño del nuevo sistema educativo, nos
encontraremos con una serie de principios que no debemos olvidar, ni traspasar,
el primero de esos principios, nunca se puede proceder al cierre de una línea
de enseñanza o un centro de educación pública para mantener una línea de
enseñanza o un centro de educación privada/concertada. El motivo es obvio, la
educación concertada es únicamente complementaria de la educación pública. El
segundo de estos principios, es claro en los centros de educación públicos no
tienen ideario, aunque siempre se respete la libertad de enseñanza y de
catedra, todo lo contrario de lo que sucede en los centros de la educación
concertada, donde si hay un ideario que condiciona la libertad de la enseñanza,
es por ello que la administración debe velar e inspeccionar que en los idearios
de estos centros se respeten los principios constitucionales. El tercero de
estos principios, es el derecho a la gratuidad de la enseñanza tal y como sucede
en los centros de educación pública, por lo tanto la administración debe velar
para que los centros de educación concertada no cobren a los padres de los
alumnos ningún tipo de matrícula, aportación, donativo o cuota por cualquier
concepto, incluso por las actividades que estén dentro del plan general educativo.
El cuarto de estos principios, la discriminación, en los centros de educación
pública, se respeta el derecho de los alumnos a no ser excluidos, ni por su
orientación sexual, ni por su nivel económico, ni por su nivel académico, ni
por la clase social a la que pertenecen, además no se segrega por sexo al
alumnado, simplemente se les admite y se les ayuda, sin importar su idioma, su
país de origen, el color de su piel o su credo religioso. No ocurre lo mismo en
una gran cantidad de centros concertados donde se excluye al alumnado por un
sinfín de motivos.
Un capítulo aparte merece el derecho de los padres a
que sus hijos reciban una educación religiosa, dado que se trata de un derecho
recogido en la Carta Magna, la asignatura de educación religiosa en sus
distintas variantes, católica, islámica, judía y evangélica, y para el resto
alumnos ateos o simplemente no creyentes tienen la asignatura de Valores
Sociales y Cívicos. Una serie de consideraciones, primero la asignatura de
Valores Sociales y Cívicos debería ser obligatoria para todos los alumnos,
segundo la asignatura de educación religiosa en sus distintas variantes no debe
computar para el expediente académico y tercero las horas lectivas que cada
centro destine a educación religiosa no deben afectar a la planificación del
curso.
Esta reestructuración del sistema educativo, conllevará
una serie de cambios a nivel presupuestario en las distintas administraciones tanto
a nivel del estado como, sobre todo, a nivel autonómico y municipal, ya que el
cierre de líneas educativas y el posible cierre de centros educativos, generará
un superávit en las arcas públicas. Este superávit o desviación presupuestaria por
la no inversión en educación, se debe
evitar que se destine a otras partidas, por muy necesarias que estas sean, sino
que se debe exigir a las distintas administraciones, que se destine a mejorar
todo el sistema educativo del sector público con el fin de conseguir una mejor
calidad de la educación.
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